La ley se establece para conservar y robustecer las posiciones de la minoría dominante. Así, en los tiempos presentes, en que el arma de la minoría es el dinero, el objeto principal de las leyes consiste en mantener inalterables la riqueza del rico y la pobreza del pobre. La idea de justicia que favorece al poderoso, habría de parecerle muy justa a este e injusta al humilde. Sin embargo, nace la idea en sentido contrario: el poderoso encuentra la ley todavía estrecha a su deseo, ya que él mismo la dictó y es capaz de hacer otras nuevas, y el desposeído, lamentablemente, se conformaría con que la ley se cumpliera como se dice y no como se hace.
(Rafael Barrett, “Los jueces”)
El 14 de agosto de 2010, en un operativo en conjunto entre la DIPOLCAR (Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros) y BIPE (Brigada de Inteligencia Policial Especial) de la PDI (Policía de Investigaciones), además de los fiscales Alejandro Peña y Marcos Emilfork, fueron allanados 3 CSO (Centros Sociales Okupados) y domicilios particulares en Santiago y Valparaíso. Debido a tales allanamientos fueron detenidxs 14 militantes anarquistas y anti-autoritarixs, a lxs que se les acusa de pertenecer a una supuesta asociación ilícita de carácter terrorista.
Todo esto está enmarcado dentro del llamado "Caso Bombas". Este montaje mediático comenzó aproximadamente hace cinco años. Así durante el gobierno de Bachelet, el Estado destinó tres fiscales con dedicación exclusiva con el objeto de esclarecer la autoría de cada uno de los bombazos colocados a entidades financieras, policiales, de servicio público u otras. En este tiempo se recopilaron más de 43 tomos con datos aportados por fuentes policiales, peritos criminalisticos, testigos protegidos, declaraciones, vigilancia a hogares, seguimientos a sospechos y su entorno familiar, intervenciones telefónicas y allanamientos a hogares y centros sociales (todos ellos los mismos lugares en que irrumpió la policía la madrugada del 14 de agosto de 2010).
Cabe señalar que en ninguno de los allanamientos realizados se encontró ningún tipo de evidencias ni material para la fabricación de artefactos explosivos. Tampoco existen pruebas dactilares o filmográficas que inculpen a ninguno de lxs imputadxs.
Luego de la detención la fiscalía solicitó tres días para formalizar los hechos acusatorios, situación que en la práctica debiera realizarse el mismo día del arresto. Posteriormente solicita un plazo de 180 días (6 meses) de prisión preventiva hasta el cierre de la investigación, plazo que finalizó el 14 de Febrero de 2011, día en que la fiscalía notifica que someterá a lxs compañerxs a una nueva formalización el 16 de Marzo de 2011.
En la formalización se presentaron pruebas irrefutables, según el Ministerio Público, como afiches, recortes de diarios, ropa de color negro, cartas a detenidos, computadores, libros, etc; pero la prueba de ADN salió negativa y a nadie le encontraron restos de pólvora negra (compuesto con el cual se hacen las bombas).
En estos largos meses, lxs compañerxs no sólo han permanecido 22 horas diarias en celdas individuales de 2 x 3 metros, recibiendo visitas una vez a la semana con sus familiares durante tres horas en reducidos espacios sin luz natural, sino que también han vivido en carne propia la tortura de los funcionarios del estado.
Como si no bastara, a lxs compañerxs se les acusa de integrar una asociación terrorista internacional, en la que existen jerarquías y cada unx desempeña un rol dentro de la misma (líder, financista, etc.), algo totalmente falaz y contradictorio. Todo esto con el fin de aplicarles la Ley Antiterrorista, que encubre el secuestro, la tortura, la crueldad y la incomunicación a los represaliados. Parecieran querer decir que nada existe fuera de la lógica del Estado.
A raiz de todos estos hechos que acabamos de señalar, lxs compañerxs iniciaron una de huelga de hambre el 21 de febrero de 2011 que culminó el 26 de abril, exigiendo: “LIBERTAD INMEDIATA, TÉRMINO DEL MONTAJE JURÍDICO POLICIAL, FIN A LA LEY ANTITERRORISTA HEREDADA DE LA DICTADURA Y PERFECCIONADA POR LA DEMOCRACIA, FIN A LOS PLAZOS INVESTIGATIVOS Y REALIZACIÓN INMEDIATA DE UN JUICIO JUSTO”.
Para finalizar, nos parece importante remarcar que todas estas detenciones, allanamientos y persecuciones a militantes revolucionarixs dejan en evidencia el papel del Estado capitalista: salvaguardar los intereses de la clase dominante, desarticulando, en este caso mediante un montaje, todo tipo de movimiento que tienda a organizarse en pos de la supresión de esta sociedad de clases que destruye nuestra humanidad y nos reduce a mercancias.
¡Solidaridad con lxs compañerxs secuestradxs por el Estado Chileno!
¡Fin al montaje judicial!
¡Arriba los corazones!
Grupo Anarquistas Rosario
