sábado, 19 de junio de 2010

Gátillo fácil y represión en Bariloche: ni abuso ni exceso

Tres pibes en una esquina cualquiera de un barrio obrero. Varios policías deciden “identificarlos” (es decir, detenerlos por averiguación de antecedentes). Un pibe de 15 años, muerto con el cráneo atravesado por un proyectil 9 mm que ingresa por la sien.

Vemos esa escena a diario, en Ingeniero Budge, en Rosario, en Ushuaia o en Villa Lugano. Ayer, la vimos en Bariloche, Provincia de Río Negro. También escuchamos la excusa infinidad de veces: “el arma se disparó”, como si tuviera vida propia. Como si no hiciera falta apretar el gatillo para que salga el tiro.

Esta vez, el chico se llamaba Diego Bonefoi y vivía en Bariloche. La justa ira del barrio se tradujo en una cascoteada a la comisaría donde refugiaron al asesino. “La policía tiene que defenderse”, dijo su jefe político, el ministro de Gobierno Diego Larreguy, y justificó los catorce heridos y dos muertos (un joven de 29 y un adolescente) en la desigual batalla de Ithakas y Brownings contra puteadas y piedrazos.

En 2006, CORREPI publicó una serie de notas denunciando la situación de apartheid vigente en la ciudad de Bariloche, con los barrios del Alto, los barrios obreros, militarizados bajo una represión constante para evitar que sus habitantes afeen con su presencia la zona céntrica, destinada a los ricos turistas. Describimos lo que sucede a diario en los ocho pasos para acceder desde los barrios de Alto (El Frutillar, San Francisco, 34 Has., etc.) hacia el Bajo, con sus casas de té y finas hosterías. En cada paso hay permanentes operativos cerrojo, y tanto peatones como pasajeros de colectivos deben exhibir sus documentos y explicar por qué van hacia la "zona linda". Sólo si son convincentes y tienen pinta de “decentes” se los deja pasar.

Insistimos muchas veces en la enorme cantidad de detenciones arbitrarias ("excusadas" con la averiguación de antecedentes o el código contravencional), de golpizas, de operativos de la policía y del grupo especial BORA en los barrios, con o sin orden judicial.

Denunciamos el amedrentamiento y los ataques a los vecinos que se atrevieron a intentar organizarse contra la represión, como la vecina del Barrio 34 Hectáreas, Blanca Grande, que perdió un ojo por un balazo de goma durante un operativo policial en 2006, y la sucesión de muertes a manos policiales, que suman medio centenar desde 1983, en una provincia con menos de 600.000 habitantes.

La digna reacción del pueblo de Bariloche impidió que el fusilamiento de Diego fuera silenciado, como ocurre con la mayoría de los pibes que, a razón de uno por día, nos mata el Estado con su política disciplinadora del gatillo fácil y la tortura en comisarías, cárceles e institutos de menores. Los medios han debido tomar nota, esta vez, de lo ocurrido. No sucede lo mismo con el muerto diario que ocultan tras los festejos por el Bicentenario o las hazañas de la Selección. Sólo en Moreno, provincia de Buenos Aires, fueron tres los pibes muertos en los pasados 15 días: Sergio Casal (16), fusilado por un policía federal; Ricardo Argañaraz (22), recibió tres tiros de un gendarme, y un tercero murió dentro de la comisaría local. En el mismo tiempo, un muchacho de 20 años murió incinerado en una celda policial de General Acha, La Pampa y Saúl Pérez (21) fue fusilado por un bonaerense en Gregorio de Laferrère. Y hay más, en todo el país.

Ni abuso ni exceso; ni desborde ni accidente. Una política de estado, que todo gobierno que administre una sociedad con ricos y pobres aplica a conciencia, para enseñar a callar y obedecer a los que deben ser disciplinados para que toleren la opresión.

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